Análisis sobre sentencias de derecho al honor.

En los últimos tiempos se han producido distintas sentencias de derecho al honor.

 

Durante los últimos años, se ha producido un aumento significativo de litigios relacionados con la inclusión indebida de información crediticia en registros en nuestro país.

Esto ha llevado a que la Sala 1ª del Tribunal Supremo desarrolle una sólida jurisprudencia sobre el tema, desempeñando un papel fundamental en la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en la búsqueda de la seguridad jurídica.

Esto es de vital importancia, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia del 7 de agosto de 2018, en los asuntos acumulados C-96/16 y C-94/17, en la cual se hace referencia al apartado 68.

Para comprender mejor esta cuestión, es importante remontarnos a la sentencia emitida el 5 de julio de 2004 por el Tribunal Supremo (TS), identificada como STS 4795/2004. En esta sentencia, el TS estableció que la inclusión indebida de un individuo en un registro de morosos debido a una deuda inexistente constituía un ataque al honor de la persona, específicamente a su intimidad personal y patrimonial.

Esto tenía un impacto negativo en la percepción que los demás tenían de la persona afectada, especialmente cuando se trataba de alguien que no estaba involucrado en actividades comerciales. Estos registros suelen llevar a que las personas sean socialmente menospreciadas o sean vistas con recelo, especialmente cuando intentan establecer relaciones contractuales con terceros. Este razonamiento se basa en el artículo 7-7º de la Ley Orgánica 1/82.

Posteriormente, en una sentencia de la Sala 1ª del TS emitida el 6 de marzo de 2013 (STS 1715/2013), se abordó el tema de la inclusión errónea de información en un sistema de información crediticia.

En esta sentencia, se afirmó que la inclusión incorrecta en un sistema de este tipo, sin que exista veracidad en la información, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la persona afectada.

Esto se debe a que implica una acusación de morosidad que afecta la dignidad de la persona, daña su reputación y socava su autoestima. En este contexto, se consideró irrelevante si el registro había sido o no consultado por terceros.

Las sentencias del TS emitidas el 23 de marzo de 2018 (STS 962/2018) y el 21 de junio de 2018 (STS 2296/2018) proporcionaron un resumen extenso de la jurisprudencia del TS sobre la calidad de los datos en estos registros y la inadecuación de incluir información personal relacionada con deudores por créditos dudosos.

En relación con este asunto sobre sentencias de derecho al honor, en la sentencia del TS emitida el 22 de diciembre de 2015 (STS 5448/2015), se estableció que la inclusión en un sistema de información crediticia no debía utilizarse como un medio de presión por parte de grandes empresas para obtener el pago de sumas que consideraban pertinentes.

Esto se hacía amparándose en el temor a dañar la reputación personal y profesional de la persona endeudada y a la negación de acceso a crédito que implica aparecer en un registro de morosos. De esta manera, se evitaban los gastos asociados con la apertura de procedimientos judiciales, que a menudo superaban el importe de las deudas reclamadas.

En la sentencia del TS emitida también el 22 de diciembre de 2015 (STS 5445/2015), se enfatizó que el principio de calidad de los datos no se limitaba a exigir su veracidad. Se argumentó que, cuando existía una controversia sobre la deuda y esta estaba sujeta a una decisión judicial o arbitral, el impago no era indicativo de la insolvencia del deudor.

La inclusión en estos registros solo era pertinente en el caso de deudores que no podían o no querían, de manera injustificada, pagar sus deudas, pero no en el caso de aquellos que legítimamente estaban debatiendo la existencia y cuantía de la deuda con el acreedor.

En diciembre de 2022, el Pleno de la Sala 1ª del TS emitió cuatro sentencias importantes sobre el carácter recepticio del requerimiento previo necesario para incluir datos en un registro de información crediticia.

La jurisprudencia en este asunto se encuentra en las sentencias recientes, específicamente las números 945/2022 (STS 4607/2022) y 946/2022, ambas emitidas el 20 de diciembre (Roj STS 4492/2022), y las sentencias números 959/2022 (Roj STS 4491/2022) y 991/2022 (Roj STS 4490/2022), ambas emitidas el 21 de diciembre.

Estas sentencias recalcan que el requerimiento previo de pago no es simplemente un requisito formal cuyo incumplimiento puede dar lugar a una sanción administrativa.

Más bien, se trata de un requisito esencial que responde a la finalidad del registro y busca evitar la inclusión de personas que, debido a un simple descuido, un error bancario ajeno a ellas u otras circunstancias similares, no han cumplido con una obligación, sin que este dato sea relevante para juzgar su solvencia.

Estas sentencias también subrayan que el requerimiento previo de pago es un acto de comunicación que debe ser receptado por el destinatario. Aunque no se exige una prueba fehaciente de la recepción, se requiere una constancia razonable de que la comunicación ha llegado al destinatario. Esto puede lograrse mediante diversos medios, incluso a través de presunciones.

En cuanto a la comunicación, la sentencia número 959/2022 (Roj STS 4490/2022) analiza el proceso llevado a cabo a través del servicio postal de correos. Por su parte, la sentencia número 960/2022 (Roj STS 4491/2022) aborda la notificación realizada a través del correo electrónico designado por la prestataria y establecido en el contrato de préstamo celebrado en línea.

En relación con las sentencias números 959/2022 (Roj STS 4490/2022) y 960/2022 (Roj STS 4491/2022), estas sentencias, al establecer una doctrina sobre el asunto, confirman que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no ha eliminado el requisito del requerimiento previo de pago.

Esta conclusión ya había sido afirmada por la misma Sala en su sentencia 945/2022 (Roj STS 4607/2022). La LO 3/2018 no derogó el artículo 38.1.c del reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, ya que no existe incompatibilidad entre ambos.

Sin embargo, la novedad es que ya no es obligatorio incluir una advertencia al deudor sobre la posibilidad de comunicar sus datos al registro de morosos en dicho requerimiento, siempre que esta advertencia se haya realizado al celebrar el contrato.

Esto se debe a que el artículo 20 de la LO 3/2018 establece que es necesario que el acreedor haya informado al deudor en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en estos registros, indicando cuáles participa.

Así pues, se presume que el requerimiento previo es implícito, constante y regulado. Ambos, el requerimiento de pago previo y la información sobre la posibilidad de inclusión, son requisitos necesarios para esta presunción, aunque la información sobre la posibilidad de inclusión pueda proporcionarse ya sea en el contrato o en el momento de requerir el pago al deudor.

En la sentencia número 945/2022, emitida el 20 de diciembre (Roj STS 4607/2022) y con la participación del Ponente D. Rafael Saraza, se aborda otro tema que ha generado numerosos litigios: la inclusión de datos en un registro de información crediticia debido al impago de créditos revolving.

En esta sentencia, la Sala 1ª del TS establece que el hecho de que una persona no haya podido reembolsar ni siquiera la cantidad recibida en préstamo no constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a pesar de las implicaciones legales de la usura y las consecuencias previstas en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

La inclusión de los datos en un registro de morosos no se considera una presión ilegítima por parte del acreedor para resolver una disputa sobre la existencia o el monto de la deuda.

Esto se basa en el argumento de que afirmar tener un derecho de crédito y ejercer acciones en consecuencia no puede ser considerado una violación del honor de la persona deudora, incluso si las reclamaciones no tienen éxito debido a decisiones judiciales o al desistimiento del acreedor.

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